Los medios de comunicación han sobredimensionado y extrapolado el titular de la noticia. Mientras que algunos portales sugieren que Colombia implementará energía atómica de manera inminente para mitigar la actual crisis climática, el documento oficial del Ministerio de Minas y Energía refleja una realidad puramente institucional, preparatoria y de muy largo plazo.
Aunque la cooperación entre Colombia y la OIEA no es nueva, la gestión actual del Ministerio de Minas y Energía logró un incremento del 50 % en el presupuesto asignado, el cual pasó de 700 mil a 1,25 millones de euros. Sin embargo, al analizar con lupa el sector nuclear del país, esta cifra resulta ínfima para fines de generación eléctrica. Lejos de ser un fondo de inversión para levantar infraestructura, se trata de un capital destinado exclusivamente a asistencia técnica, capacitaciones y robustecimiento regulatorio. Para ponerlo en perspectiva, la construcción de una sola planta nuclear pequeña moderna (SMR, por sus siglas en inglés) requiere de miles de millones de dólares, lo que aterriza las expectativas sobre una solución energética inmediata.
Para entrar en contexto, una de las alternativas globales más viables es el BWRX-300, un reactor modular pequeño diseñado de forma conjunta por la alianza estadounidense-japonesa GE Vernova Hitachi Nuclear Energy. Este modelo fue concebido específicamente con el objetivo de reducir drásticamente los costos de inversión inicial y competir directamente con el gas natural. Actualmente, es considerado uno de los SMR más económicos, eficientes y cercanos a la realidad comercial del mundo. Con una capacidad de producción de 300 megavatios eléctricos (MWe), el costo estimado de fabricación para sus módulos en serie se sitúa en torno a los 1,000 millones de dólares (unos $4.1 billones de pesos colombianos), una cifra que se eleva hasta los 5,600 millones de dólares en su primera planta comercial en Canadá debido a los costos de infraestructura inicial.
Esta monumental escala financiera aterriza de golpe las expectativas frente a la realidad local. Por ejemplo, el departamento de Córdoba consume aproximadamente 1,450 Gigavatios-hora (GWh) de electricidad al año, de los cuales el municipio de Montería absorbe cerca de 630 GWh. Al realizar el cálculo matemático, un solo reactor BWRX-300, operando con su factor de disponibilidad comercial estándar (superior al 90 %), generaría unos 2,400 GWh anuales; es decir, bastaría para iluminar a todo el departamento de Córdoba y aún le sobraría cerca del 40 % de su capacidad para abastecer a regiones vecinas. De este modo, queda claro que los 1.25 millones de euros asignados por la OIEA para asistencia institucional están a un universo de distancia de lo que implicaría financiar una verdadera solución nuclear para el Caribe colombiano.
A pesar de las astronómicas cifras en dólares, la incorporación de un reactor modular pequeño (SMR) en el panorama nacional no es una utopía financiera inalcanzable para el Estado. La historia de la infraestructura en Colombia demuestra que el país ya sabe ejecutar obras de magnitudes similares. Sin ir más lejos, la Central Hidroeléctrica Urrá I, ubicada en Tierralta (Córdoba), cuenta con una capacidad instalada de 340 MW y tuvo un costo de construcción aproximado de 800 millones de dólares de la época; una cifra que, financiada con el Banco Mundial y ajustada por la inflación actual, superaría hoy con creces los 1,600 millones de dólares. Esto demuestra que el costo meta de producción en serie de un reactor como el BWRX-300 (~1,000 millones de dólares) entra perfectamente en el rango de lo que la región y el país ya han pagado en el pasado por su seguridad energética.
Incluso al mirar hacia proyectos de escala masiva como Hidroituango, el debate económico toma matices interesantes. Aunque la megaobra antioqueña sufrió una grave contingencia que elevó su costo real a los $19.4 billones de pesos frente a los $11.4 billones proyectados inicialmente (pasando de los 2,700 a más de 4,700 millones de dólares), sigue representando un proyecto sumamente eficiente en su construcción en términos de costo por megavatio bruto instalado en condiciones óptimas. No obstante, las hidroeléctricas tradicionales arrastran consigo una enorme huella territorial y ambiental. Al retornar a la comparación con el departamento de Córdoba, Urrá I y el SMR BWRX-300 poseen casi la misma capacidad teórica de potencia instantánea (340 MW frente a 300 MW). Sin embargo, Urrá requirió inundar más de 7,400 hectáreas de selva en el Alto Sinú, alterando ecosistemas y dependiendo de lluvias, mientras el reactor modular ocuparía menos de 15 hectáreas operando de forma continua.
No obstante, el verdadero fondo del asunto no es el costo de los materiales, sino nuestra alarmante falta de preparación institucional. Intentar ejecutar una inversión de esta naturaleza en Colombia sin antes desarrollar un robusto marco regulatorio, entrenar personal altamente calificado y certificar cadenas de seguridad, sería una receta para el desastre financiero. Sin estas bases, un reactor BWRX-300 cuyo costo base de fábrica ronda los 1,000 millones de dólares, vería su precio disparado por retrasos en licencias, vacíos legales e improvisaciones técnicas, superando con creces los 5,600 millones de dólares de la primera planta canadiense y convirtiéndose en un elefante blanco fiscal.
Si bien desde la perspectiva puramente financiera y de costo inicial sigue siendo más rentable construir centrales hidroeléctricas aprovechando la geografía del país, la dependencia exclusiva del agua expone al sistema a una alarmante fragilidad. Por supuesto, ninguna alternativa está exenta de riesgos —la historia global ya evidenció con el accidente de Fukushima en Japón las devastadoras consecuencias de un fallo atómico, pero una central nuclear modular aporta una estabilidad inigualable frente a variables climáticas extremas como el Fenómeno del Niño. Al no acarrear la pesada carga ambiental de las hidroeléctricas tradicionales, que transforman ecosistemas enteros al inundar grandes extensiones de tierra, los reactores SMR se perfilan como el complemento de energía firme ideal. La diversificación responsable, blindada por la rigurosidad técnica que hoy se empieza a estructurar con la OIEA, es el verdadero seguro de vida contra los apagones del futuro.
Es por esto que, lejos de ser un gasto menor o estéril, el reciente aumento presupuestal gestionado ante la OIEA demuestra que el Gobierno avanza en la dirección correcta. Antes de enterrar el primer bloque de concreto o cotizar maquinaria, Colombia necesita blindar sus leyes, formar a sus tecnólogos y fortalecer sus instituciones. La transición energética no se construye comprando reactores por catálogo, sino pavimentando el complejo camino regulatorio que permita, en un futuro responsable, abrirle la puerta a la era atómica."
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